El Gobierno argentino ha emitido una advertencia a alrededor de 180 empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, indicando que deben optar entre continuar con sus operaciones en el archipiélago o enfrentar sanciones en el territorio nacional.

El canciller Pablo Quirno confirmó esta información durante su intervención en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que se llevó a cabo en Puerto Iguazú, Misiones. Quirno explicó que el Ejecutivo busca fortalecer la aplicación de la Ley 26.659, que penaliza a aquellas empresas que realicen actividades en Malvinas sin autorización de Argentina.

”La ley 26.659, que ahora va a ser un poquito más famosa a partir de anoche, sanciona a empresas petroleras que operen en Malvinas, prohibiéndoles operar en Argentina”, expresó el canciller.

Quirno destacó que el objetivo del Gobierno es desincentivar la participación de empresas, tanto argentinas como extranjeras, en proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas, consideradas por Argentina como un territorio cuya explotación es ilegítima.

El nuevo decreto reglamentario del Ejecutivo no solo se aplica a las empresas involucradas en la explotación, sino que también afectará a proveedores de servicios relacionados, como financiamiento y seguros. “Todo un universo de hoy 180 compañías”, añadió Quirno.

Las empresas han sido notificadas sobre su situación y deben escoger entre abandonar sus actividades en Malvinas o quedar expuestas a sanciones en Argentina. Además, para acceder a beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), deberán firmar una declaración jurada que asegure su cumplimiento con la Ley 26.659.

En un paso adicional, el Gobierno planea enviar un proyecto al Congreso para modificar la Ley 26.659, con el fin de ampliar las sanciones y permitir que las empresas puedan reintegrarse al mercado argentino tras cesar sus operaciones en Malvinas.

Quirno también mencionó la creación de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, un proyecto que busca fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, mejorar la logística hacia la Antártida y reforzar la vigilancia en la región.

Durante su discurso, abordó las consecuencias de estas medidas sobre los proyectos actuales como Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Las acciones de las compañías involucradas, como Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, ya han empezado a sufrir un impacto negativo en los mercados internacionales.

El canciller finalizó enfatizando que estas medidas están alineadas con la estrategia energética del Gobierno y buscan utilizar los recursos naturales como herramienta en las negociaciones sobre la cuestión Malvinas.