El Gobierno de Javier Milei ha formalizado un importante anuncio relacionado con la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y en las Islas Malvinas. La Casa Rosada ha informado sobre nuevas denuncias penales contra cinco empresas offshore involucradas en actividades no autorizadas y ha señalado que las querellas se extenderán a gerentes, administradores y representantes de estas compañías.

A través de un comunicado oficial, se aclaró que las medidas judiciales no solo se enfocarán en las personas jurídicas, sino que también se buscará identificar y acusar a directores y responsables que hayan tomado parte en las decisiones operativas de las empresas. Las firmas afectadas incluyen a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited.

La estrategia gubernamental contempla la apertura de nuevos expedientes judiciales, así como la ampliación de investigaciones que ya se encontraban en curso. Esta acción se suma a las querellas ya presentadas anteriormente por la Cancillería, que ha trabajado en conjunto con el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, para sancionar a otras cinco empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion.

El marco legal que sustenta estas acciones es la Ley 26.659, aprobada en 2011, que prohíbe explícitamente cualquier actividad hidrocarburífera en la plataforma continental argentina sin la debida autorización. Las sanciones para los infractores pueden llegar a penas de inhabilitación de entre 5 y 20 años.

Además, el Poder Ejecutivo ha promulgado el Decreto 868/2026 para acelerar los procesos administrativos relacionados con estas querellas. Este movimiento es parte de una estrategia más amplia para reafirmar la soberanía nacional, que incluye el envío de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso y la priorización de recursos para el desarrollo de la Base Naval Integrada en el Presupuesto 2027.

Desde la Casa Rosada se ha reiterado el compromiso de utilizar todos los mecanismos legales disponibles para sancionar a aquellos que violen los derechos soberanos de Argentina.