El Gobierno argentino, liderado por el ministro de Economía Luis Caputo, está intensificando un plan de venta de activos públicos, con el objetivo de recaudar más de US$ 1.000 millones antes de finalizar el año. Estas acciones son clave para afrontar los vencimientos de deuda que se extienden hasta 2027, cuando el país enfrentará obligaciones financieras que superan los US$ 24.900 millones.

Estrategia de privatización

La estrategia es coordinada por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), gestionada por Diego Chaher, y contempla la venta de participaciones estatales en importantes activos, incluidos centrales termoeléctricas, AySA e Intercargo.

Activos clave para la recaudación

Entre los principales activos que se pondrán a la venta, se encuentran:

• Centrales Termoeléctricas (valoradas en US$ 600 millones): Enarsa buscará vender su participación mayoritaria en la Central Manuel Belgrano y la Central José de San Martín, ambas de ciclo combinado, en conjunto con empresas como Pampa Energía y Central Puerto.
• AySA (valorada en US$ 500 millones): El 15 de septiembre se cerrará el plazo para ofertas que abarcan el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos, sin precio base, pero con un compromiso de inversión de US$ 1.940 millones en los primeros cinco años.
• Intercargo: Después de declarar desierta la primera licitación, el Gobierno relanzará la venta del 100% de esta empresa de servicios aeroportuarios.

Fase futura del programa

Además, la ATEP planea realizar una segunda fase de concesiones relacionadas con la infraestructura energética, que incluye la licitación para nuevos operadores en varias represas y la concesión de más de 3.100 kilómetros de gasoductos.

Los cálculos provenientes de la consultora Econviews indican que Argentina enfrenta vencimientos de US$ 15.700 millones de capital y US$ 9.200 millones en intereses hasta 2027. Esta venta de activos es parte de un plan más amplio, que incluye financiamiento a través de organismos internacionales y deuda local.

Con estas privatizaciones, el Gobierno busca consolidar su posición financiera antes de que las campañas electorales de 2027 empiecen a influir en la confianza de los inversores.