El Gobierno de Javier Milei ha llevado a cabo gestiones confidenciales en Washington para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ) inicie una investigación penal contra la familia Eskenazi y el Grupo Petersen. El objetivo principal de esta solicitud es comprobar las presuntas irregularidades en la compra de acciones de YPF que se produjo durante el mandato de los Kirchner.

Estrategia legal para desactivar litigios

La estrategia planteada por la administración argentina busca demostrar que la participación del Grupo Petersen, que adquirió el 25% de YPF en 2008, estuvo precedida por un fraude financiero. Argumentan que esto afectaría el mercado en Estados Unidos. Si el sistema de justicia estadounidense confirma este origen ilícito, se espera que los litigios actuales impulsados por el fondo Burford Capital queden sin efecto.

Contactos y negociaciones

Altos funcionarios de Casa Rosada han sostenido encuentros secretos en Washington con representantes clave de la administración de Donald Trump, tanto antes como después de un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Los contactos incluyeron a figuras como el canciller Pablo Quirno y la fiscal general estadounidense Pam Bondi.

Para reforzar su posición, el Gobierno argentino contrató a una firma privada de inteligencia en Washington, la cual elaboró un informe técnico que sirvió como base para las negociaciones bilaterales.

Respuesta del Grupo Petersen

Desde el Grupo Petersen han respondido a estas acusaciones, insistiendo en que la adquisición de las acciones de YPF fue completamente legal y cumplió con todas las normativas pertinentes en Argentina, España y Estados Unidos.

La situación es crítica, ya que el Group espera que los demandantes presenten un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de los Estados Unidos antes del 30 de septiembre, buscando la reinstauración de una condena de 16.100 millones de dólares emitida en primera instancia.