El Gobierno argentino ha decidido establecer un límite del 25% a la posibilidad de que extranjeros adquieren tierras productivas en el país. Esta medida se introduce en medio de las negociaciones para asegurar los votos necesarios para que el Senado apruebe el proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, cuya discusión se reanudará el próximo jueves.

Cambios en el Proyecto de Ley

Anteriormente, el proyecto oficialista no contemplaba ninguna restricción en la venta de tierras a extranjeros. Sin embargo, a raíz de la presión ejercida por la oposición y el creciente rechazo social a la extranjerización de tierras, el Gobierno se ha visto obligado a modificar su propuesta.

Patricia Bullrich, líder de la bancada oficialista, junto a los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, anunciarán oficialmente los cambios este martes. La legislación vigente permite actualmente la venta de un 15% de la superficie de cada distrito, y con esta modificación el porcentaje se eleva a un 25%, dejando a las provincias la posibilidad de establecer límites aún más restrictivos.

Contexto Político

Este giro en la estrategia del Gobierno se produce en un contexto de creciente resistencia entre los senadores, particularmente dentro de los bloques dialoguistas, que han comenzado a distanciarse de la propuesta por temor a descontentos en sus provincias. Se estima que, gracias a estas modificaciones, el Gobierno podría asegurar entre 38 y 40 votos, aunque la falta de respaldo de ciertos legisladores podría complicar la aprobación de la ley.

La clave para el Ejecutivo radica en obtener el apoyo de senadores de diferentes fuerzas, como la Unión Cívica Radical y Pro, así como de pequeños bloques provinciales que son vitales para alcanzar la mayoría requerida. Sin estos apoyos, la aprobación del proyecto resulta incierta.

Reacciones y Oposición

Las manifestaciones en contra de la extranjerización de tierras se intensifican, siendo lideradas por la Iglesia Católica y diversas organizaciones sociales. La vicepresidenta Victoria Villarruel también ha expresado su desacuerdo con el proyecto, distanciándose del actual Gobierno.

El proyecto de ley no solo incluye la modificación de los límites para la venta de tierras, sino que también buscará facilitar desalojos y expropiaciones, modificando varios artículos de la Ley de Manejo del Fuego.

La ley en vigor, que data de 2011, impide la enajenación de más del 15% del territorio nacional. Con los nuevos límites, se abre la puerta para que un cuarto del territorio nacional quede en manos extranjeras, un aspecto que ha generado preocupación entre diferentes sectores de la población.

Conclusión

A medida que se acercan las negociaciones en el Senado y las fechas críticas para la votación, el Gobierno enfrenta múltiples desafíos, tanto políticos como sociales, en su intento por llevar adelante este controvertido proyecto.