El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ha presentado un proyecto que propone la reducción de tribunales en Comodoro Py, centrándose en los juzgados que se ocupan de casos de corrupción y delitos asociados. Esta iniciativa, que debe ser aprobada por el Congreso, plantea reducir de 12 a 10 los juzgados federales de instrucción y disminuir el número de integrantes de la Cámara de Casación Penal, el tribunal máximo que precede a la Corte Suprema.

La Cámara de Casación actualmente está compuesta por 13 jueces, incluyendo la presidencia, y tiene vacantes que han permanecido sin cubrir. La propuesta establece que esta cámara quedaría integrada por solo nueve miembros. Se sugiere que estas reducciones permitirían evitar la necesidad de realizar nuevos concursos para cubrir las vacantes existentes.

El proyecto también contempla una reestructuración en los juzgados federales de instrucción. En la actualidad, estos juzgados están subutilizados y de los 12 existentes, cuatro permanecen vacantes por la salida de jueces reconocidos. La reforma prevé que, en el futuro, podría haber solo 8 juzgados.

El cambio estructural se sostiene en la implementación de un nuevo sistema acusatorio, que asignará mayor responsabilidad al Ministerio Público Fiscal desde el inicio de las investigaciones. Esto implica que el rol de los jueces de instrucción se ampliará, convirtiéndose en garantes del proceso judicial.

Los jueces deberán adaptarse a nuevas funciones, pudiendo actuar como jueces de garantías, de juicio o de revisión en diferentes casos. Esta transformación pretende optimizar la eficiencia de Comodoro Py, que se enfrentará a mayores demandas de fiscalía a partir de abril de 2027.

El proyecto requiere ajustes legales significativos, ya que implica reformas a leyes existentes que regulan la creación de la Cámara de Casación y la cantidad de juzgados. No obstante, se anticipa un desafío crucial: la obtención de los votos necesarios en el Congreso para avanzar con la reforma planteada. Fuentes oficiales advierten que, aunque no es necesario un decreto para reformar el fuero federal penal, esta vía podría complicar la posibilidad de modificación y llevar a un escenario judicial complicado.

Este enfoque hacia la reforma judicial en Comodoro Py podría marcar un cambio en cómo se manejan los casos de corrupción y delitos financieros en Argentina, a la espera de la discusión legislativa que determine su futuro.