La situación política en Argentina se moviliza con la reciente firma del dictamen favorable para el proyecto de Inocencia Fiscal II en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, así como en Legislación Penal. Este avance se produjo gracias a la colaboración de La Libertad Avanza, que logró destrabar las firmas de los bloques aliados al limitar los beneficios de la norma a los pequeños contribuyentes y excluyendo a los funcionarios públicos.

Exclusion clave de funcionarios

El texto definitivo, que será debatido en el recinto el próximo 26 de agosto, propone alivios fiscales significativos para las pymes y pequeños contribuyentes. Para facilitar la obtención de apoyo parlamentario, el oficialismo decidió incorporar una restricción explícita que excluye a los funcionarios públicos de disfrutar de los beneficios de esta legislación. Esta decisión, aunque inicialmente considerada innecesaria, resultó crucial para el progreso del trámite legislativo.

El plenario de comisiones estuvo liderado por los diputados Alberto “Bertie” Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado. El proyecto modifica la Ley de Procedimiento Tributario y la Ley del Registro del Trabajo Rural y se presentará en la misma sesión que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Manifestación de transparencia

Durante la discusión, la diputada Rodríguez Machado enfatizó la importancia de la exclusión de funcionarios: “Los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años han desempeñado cargos en la función pública”. Con esto, se busca enviar un mensaje claro de transparencia hacia la ciudadanía, estableciendo que la integridad en la función pública es un principio innegociable.

Alivio para pequeños contribuyentes

En la parte sustantiva del proyecto, se propone una reducción permanente del 25% en las multas formales para MiPyMEs y entidades sin fines de lucro, eliminando la necesidad de trámites adicionales ante el organismo recaudador. También se menciona una quita del 50% para infracciones preexistentes siempre que se subsanen adecuadamente.

La iniciativa establece criterios claros para asegurar que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no pueda rechazar declaraciones simplificadas de manera arbitraria, con auditorías limitadas a casos de discrepancias significativas. La diputada subrayó que la reforma tiene como objetivo facilitar las obligaciones fiscales para las pequeñas y medianas empresas, defendiendo un enfoque que busca justicia impositiva y alivio fiscal.

Asimismo, se eliminan los límites patrimoniales y de ingresos que existían en la norma anterior, permitiendo una mayor inclusión de contribuyentes, salvo aquellos considerados como Grandes Contribuyentes Nacionales. Esta reorientación puede ofrecer un respiro significativo a la economía emprendedora en el país.