El oficialismo argentino ha decidido dar marcha atrás en las enmiendas relacionadas con la venta de terrenos a capitales extranjeros, esto luego de las objeciones de los gobernadores Osvaldo Jaldo y Rolando Figueroa. La senadora Patricia Bullrich lideró las conversaciones para obtener los votos indispensables en la Cámara alta.

Los legisladores oficialistas, junto a sus aliados, han optado por retirar el controvertido capítulo de la ley que regulaba la inviolabilidad de la propiedad privada en lo que respecta a la compra de tierras rurales por parte de capitales foráneos. Esta decisión fue el resultado de una cumbre urgente convocada por Bullrich, buscando destrabar las negociaciones y asegurar el quórum necesario para la sesión programada en el Senado.

La aceleración de esta determinación se produjo ante la falta de los 37 votos requeridos para aprobar la normativa impulsada por Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación. La situación se complicó aún más cuando, el miércoles por la mañana, Jaldo y Figueroa, gobernadores que habitualmente son afines al gobierno nacional, expresaron su descontento con la propuesta que afectaba la propiedad de la tierra.

El proyecto inicial buscaba prohibir de manera específica la compra de tierras rurales por Estados extranjeros. Sin embargo, la versión final generó preocupación en las provincias al incluir la posibilidad de adquisiciones por parte de personas jurídicas, sin importar su naturaleza legal.

El mayor cuestionamiento por parte de los gobernadores se centraba en la posibilidad de que las empresas con participación estatal extranjera compraran campos. Aunque la iniciativa estipulaba que este tipo de transacciones requeriría una doble validación política, es decir, la aprobación de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional, la resistencia de los mandatarios provinciales obligó a los senadores a renunciar a este aspecto para poder salvar el resto del paquete legislativo que será discutido en el Senado.