Con importantes modificaciones, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado provincial aprobó este jueves el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para establecer un nuevo régimen penal juvenil. La iniciativa, que ahora se encuentra lista para ser votada en la Cámara Alta, busca adecuar el sistema provincial al nuevo marco nacional que baja la edad de imputabilidad de los menores a 14 años, vigente desde el 5 de septiembre pasado.

Modificaciones Clave

Entre los cambios introducidos, se fijaron plazos más claros para la investigación penal preparatoria, limitando su duración a un máximo de 12 meses y estableciendo un límite de 18 meses para la prisión preventiva. Además, se especificó que la imputación de un adolescente debe realizarse dentro de las primeras 12 horas tras ser puesto a disposición del fiscal, con la posibilidad de una prórroga de 12 horas en casos complejos. Estas modificaciones surgieron a raíz de sugerencias de jueces especializados en la materia, quienes consideraron que era fundamental aclarar determinados aspectos del proyecto.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó que la mayoría de las propuestas consideradas razonables fueron incluidas en el texto final, y subrayó que los plazos establecidos son más cortos que los aplicados a adultos, lo que permitirá una mayor celeridad en los juicios que involucran a adolescentes.

Sistema de Mediación e Imputación

El proyecto también contempla la creación de un cuerpo de mediadores que intervendrá durante la investigación penal preparatoria, funcionando bajo la supervisión de la Suprema Corte de Justicia. Este enfoque tiene como objetivo asegurar que la privación de libertad sea considerada como último recurso.

Asimismo, se establecieron nuevas regulaciones para el juicio abreviado y los procedimientos de flagrancia, garantizando condiciones específicas y un control jurisdiccional reforzado.

Aportes Institucionales

El proceso legislativo contó con la participación activa de varios actores, incluyendo a la Corte, el Ministerio Público Fiscal y el Colegio de Abogados, quienes aportaron propuestas que fueron consideradas en la elaboración del proyecto. Según los representantes del Ejecutivo, las modificaciones realizadas enriquecen la propuesta original, haciéndola más robusta frente a las realidades del sistema judicial juvenil.

El paso siguiente será la votación en la Cámara Alta, donde se espera que el nuevo régimen entre en vigencia para mejorar el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley.