La Confederación General del Trabajo (CGT), junto con las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), ha decidido continuar con su plan de lucha mediante una serie de movilizaciones programadas para las próximas semanas.

A partir de la próxima semana, se llevarán a cabo varias manifestaciones para abordar la problemática de las familias endeudadas en el país, en un contexto marcado por la falta de medidas de alivio por parte del Gobierno. La primera de estas movilizaciones está prevista hacia el Ministerio de Economía, centrada en la situación de aquellos ciudadanos que se ven obligados a usar tarjetas de crédito para cubrir necesidades básicas como alimentos y servicios.

El líder de la UTEP, Alejandro Gramajo, enfatizó que esta marcha hará hincapié en los siete millones de personas que han dejado de ser sujetos de crédito, afectadas por su incapacidad para pagar los préstamos adquiridos. Además, apuntó que este asunto también incluye a quienes buscan financiamiento fuera del sistema bancario formal, especialmente en barrios populares.

Esta será la segunda movilización hacia el Ministerio de Economía en poco más de un mes, ya que el 27 de julio se realizó una protesta en rechazo a la visita de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a quien acusaron de profundizar la dependencia económica del país.

El cronograma de movilizaciones continuará el miércoles 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Industria, donde se realizará otra manifestación en un lugar aún por definir, con el propósito de alertar sobre la caída en la actividad productiva y la creciente pérdida de empleos en este sector.

Cristian Jerónimo, uno de los líderes de la CGT, recordó que desde la asunción del actual Gobierno han llevado a cabo cuatro paros generales y más de catorce movilizaciones, reflejando un fuerte descontento con la gestión actual.

A principios de julio, las organizaciones habían reafirmado la importancia de fortalecer la solidaridad entre los conflictos laborales y sociales que se están desarrollando en todo el país, enfocándose en generar acciones coordinadas para ampliar la participación y consolidar un plan de lucha nacional.

Con el fin de año a la vista, se anticipan tensiones en el sindicalismo que podrán influir en las decisiones económicas y sociales del país.