El Tribunal Oral Federal N° 2 ha dictado una resolución que ordena el embargo de diversas propiedades y activos pertenecientes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta medida forma parte del proceso judicial relacionado con la causa Vialidad, en la que la expresidenta ha sido condenada por irregularidades en la gestión de obras públicas.
Detalles del embargo
Entre los activos embargados se encuentra el departamento en la calle San José 1.111 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Kirchner cumple prisión domiciliaria. El tribunal detalló que el embargo no implica una disposición inmediata de los bienes, sino que los declara jurídicamente indisponibles, evitando así cualquier transferencia o carga adicional mientras se define el decomiso final.
Contexto de la causa Vialidad
El fallo corresponde a esfuerzos judiciales por recuperar aproximadamente 685 mil millones de pesos, señalados como el perjuicio patrimonial infligido al Estado a causa de las maniobras corruptas. Hasta el momento, no se ha recuperado ningún monto de esos fondos públicos.
Propiedades y bienes incluídos
Los embargos también incluyen un dúplex, siete cocheras y un departamento en el Complejo Madero Center, así como múltiples propiedades en la provincia de Santa Cruz, entre ellas terrenos y edificaciones, como el Hotel La Aldea del Chaltén. Se destacan también inmuebles en El Calafate y Río Gallegos, incluyendo un chalet en la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner.
Implicaciones para la familia Kirchner
El tribunal ha extendido las medidas de embargo a los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, hijos de la ex presidenta, quienes no han sido condenados en esta causa. Recordaron que la sentencia confirmó que las acciones fraudulentas beneficiaron directamente al empresario Lázaro Báez y de manera indirecta a la familia Kirchner.
Embargos adicionales
Además de las propiedades, se han dispuesto embargos sobre vehículos de los condenados, así como sobre cuentas bancarias de Florencia Kirchner. El fiscal general Diego Luciani ha solicitado que una suma de 5.656.134 dólares embargados en el Banco Galicia sea sumada a los bienes a recuperar.
La situación sigue evolucionando mientras la justicia busca responsabilizar a quienes estuvieron involucrados en la corrupción relacionada con las obras públicas.
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