La Legislatura de Córdoba está en proceso de elaborar un decreto que busca aumentar las exigencias para el ingreso y permanencia del personal parlamentario. Las nuevas medidas responden a irregularidades recientes asociadas al exasesor José Villarreal, quien enfrenta acusaciones por abuso sexual, y a Ariel Rodríguez, investigado por mal uso de recursos energéticos estatales.

Como resultado de estos incidentes, el legislador provincial Ernesto Ramón Flores solicitó licencia en su banca, lo que llevó a la administración legislativa a revisar sus normas de contratación.

El artículo 8 de la Ley provincial 9.880 establece requisitos básicos, como ciudadanía argentina, mayoría de edad y título secundario. Sin embargo, las nuevas directrices eliminan la opción de presentar el certificado provincial expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba como un requisito alternativo y ahora exigen ambos documentos simultáneamente.

Los requisitos actuales incluyen el certificado físico, una fotocopia del DNI, comprobante de domicilio y antecedentes penales. La nueva reglamentación también introducirá la obligación de presentar un certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y una declaración jurada de integridad institucional. De igual manera, se definirá la responsabilidad de cada legislador respecto a quienes propongan para servicios.

Paralelamente, la oposición, encabezada por el presidente del bloque del PRO, Oscar Agost Carreño, ha propuesto la implementación de un Sistema Permanente de Verificación de Antecedentes. Esta iniciativa busca reemplazar los certificados impresos por un sistema digital que permita un monitoreo constante de los trabajadores de la legislatura, incluidos asesores y empleados temporarios. Las revisiones se realizarían cada quince días, con alertas automáticas en caso de novedades judiciales sobre los involucrados.

Agost Carreño explicó que los certificados en papel pueden perder su validez ante una imputación posterior, y aboga por un sistema que garantice una reacción rápida de la Unicameral ante cualquier proceso penal.

Además, se propondrán pautas claras de actuación diferenciadas según la gravedad de cada situación judicial, centrándose especialmente en los delitos de integridad sexual, violencia de género y cuestiones relacionadas con la administración pública.

Esta nueva normativa también refuerza la necesidad de estándares comunes en todas las bancadas del Poder Legislativo, buscando que la supervisión de la idoneidad moral del personal no dependa solo de cada legislador individualmente, sino que sea una responsabilidad centralizada de la institución.