La Mesa Argentina de Carbono (MAC) se presentó ante el Senado de la Nación para debatir sobre la creación de un marco normativo que regule el sector de los créditos de carbono. La organización, que engloba a más de 50 entidades del ámbito, enfatizó que Argentina cuenta con una gran oportunidad para generar créditos de carbono de calidad, pero actualmente se encuentra rezagada en comparación con otros países de América Latina.

Condiciones para la inversión

Durante el debate, se destacó la necesidad de contar con definiciones claras sobre la titularidad y naturaleza jurídica de los créditos de carbono, además de implementar un mecanismo competitivo para que este potencial se traduzca en inversiones y empleo. En este sentido, el coordinador general de la MAC, Juan Pedro Cano, subrayó que estos aspectos son fundamentales para atraer capitales hacia el sector.

Tres elementos clave

Cano expuso tres condiciones centrales que deberían considerarse en la futura legislación:

1. Claridad sobre la titularidad: Es crucial definir quién es el propietario de los créditos generados por un proyecto, asegurando que correspondan al dueño del bien o a quien haya cedido derechos mediante un contrato.

2. Definición jurídica precisa: La MAC propone caracterizar el crédito de carbono como un “bien inmaterial de carácter patrimonial”, lo que ayudaría a esclarecer sus implicancias en impuestos y administración.

3. Mecanismo competitivo: Es necesario establecer un sistema gubernamental que autorice y ajuste el acceso a mercados internacionales, garantizando un esquema competitivo que incentive la participación de proyectos argentinos.

Riesgos y oportunidades

Cano advirtió que la falta de un marco regulatorio claro podría hacer que Argentina pierda inversores, quienes optarían por otros países que ofrecen normativas más seguras. En este contexto regional, donde la demanda de créditos de carbono está en auge, la previsibilidad legal se torna un factor crítico para la toma de decisiones de inversión.

Finalmente, la MAC manifestó su disposición para colaborar con el Senado en la elaboración de esta legislación, contribuyendo con su conocimiento técnico al desarrollo de un mercado de carbono que refleje el potencial argentino.