Leandro Santoro, legislador porteño por Unión por la Patria, ha presentado una propuesta en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de regular las agencias de cobranza extrajudicial. Esta iniciativa surge como respuesta a las prácticas abusivas y al acoso que enfrentan muchas familias endeudadas en el contexto actual de crisis económica.

Proyecto de Ley para Regular las Agencias de Cobranza

El proyecto, que consta de 55 artículos, contempla la creación de un registro oficial que incluirá a las 270 empresas que realizan cobranza en la ciudad. Además, contempla sanciones y licencias revocables para las entidades que incumplan estas regulaciones.

Durante una entrevista, Santoro expresó su preocupación por el sobreendeudamiento de los ciudadanos y resaltó que muchas de estas agencias compran las deudas a precios muy bajos, lo que provoca un ciclo de extorsión y acoso hacia los deudores.

”Compran las carteras de clientes al 5% del total del valor… así, extorsionan y aprietan a todo el mundo, consiguiendo ganancias exorbitantes”, denunció Santoro.

Limitar Prácticas Abusivas

El legislador propone, además, prohibir los llamados fuera del horario laboral y el contacto con familiares o compañeros de trabajo para exigir pagos. Según él, estas medidas son necesarias para proteger a quienes no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras.

Crítica al Modelo Económico Actual

Aparte de su enfoque en la regulación de agencias, Santoro también cuestionó el modelo económico implementado por el presidente Javier Milei. En su opinión, este ha dejado a muchos sectores de la sociedad sin recursos para enfrentar sus obligaciones, profundizando la desigualdad y el individualismo.

”Hoy son más importantes los intereses de los ricos que los derechos de los pobres”, declaró, enfatizando la necesidad de un Estado más activo en la regulación de las relaciones económicas para garantizar oportunidades para todos.

Santoro concluyó que el actual sistema de mercado no es suficiente y que es fundamental que el Estado asuma un rol protector para aquellas familias en situación de vulnerabilidad económica.