El gobierno de Javier Milei ha dado un paso significativo al autorizar la venta de cuatro inmuebles pertenecientes al Estado nacional en diferentes provincias. Esta decisión, formalizada mediante el Decreto 764/2026 publicado en el Boletín Oficial, incluye propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tierra del Fuego, destacándose un gran terreno de más de 382.000 metros cuadrados en Ushuaia.

Detalles de los inmuebles

El predio más extenso, situado en Ushuaia, se extiende por 382.594,79 metros cuadrados y está delimitado por las calles Yaganes, 44 Héroes ARA San Juan y Horeb. Los otros inmuebles son:

• Un terreno en Avenida Belgrano 637, con aproximadamente 956,80 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires.
• Un lote en Córdoba de 32.261,26 metros cuadrados.
• Un inmueble en San Rafael, Mendoza, de 25.840,90 metros cuadrados.

Aunque el decreto permite la enajenación, no se han establecido aún precios base ni fechas para las subastas de estas propiedades. Estos detalles serán definidos por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Argumentos del gobierno

El Ejecutivo justifica esta acción afirmando que estos inmuebles carecen de uso específico y están en estado de subutilización o innecesariedad. Se espera que las ventas generen ingresos para el Tesoro, reduzcan gastos de mantenimiento y promuevan actividades productivas en el país.

Además, la AABE ha identificado estos terrenos como activos ociosos que, al ser vendidos, podrían evitar costos continuos relacionados con su mantenimiento.

Subastas en Buenos Aires

Paralelamente, la AABE ha comenzado dos subastas en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los terrenos, ubicado en Santos Dumont 2677, tiene una superficie de 823,68 metros cuadrados y su venta se estima en un valor base de $3.510 millones. El otro terreno, en Teniente General Eustaquio Frías 247/249, de 210 metros cuadrados, fue declarado desierto en una primera convocatoria, pero se abrirá una nueva licitación bajo las mismas condiciones.

Este conjunto de decisiones forma parte de la política del Ejecutivo para vender activos estatales considerados innecesarios o mal utilizados, abarcando diversas propiedades que anteriormente pertenecieron a diferentes organismos nacionales.