El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, bajo la dirección del juez subrogante Enrique Lavié Pico, ha revocado la medida cautelar que había mantenido suspendido el acuerdo para trasladar las competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta decisión responde a un pedido de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que había conseguido la cautelar en marzo del presente año.

La resolución de Lavié Pico, anunciada por la Procuración del Tesoro de la Nación, permite que continúe el proceso de transferencia. Sin embargo, aún queda pendiente la resolución de otro planteo judicial impulsado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, así como el acuerdo entre el gobierno nacional y el de la Ciudad para la transferencia de los recursos económicos necesarios.

El acuerdo de transferencia fue legislado como anexo de la Ley de Modernización Laboral N°27.802, que fue ratificada por la Legislatura porteña con 36 votos a favor, 2 en contra y una abstención mayoritaria del peronismo.

El procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, celebró la decisión judicial, señalando que representa un avance hacia la autonomía de la Ciudad, según lo estipulado en el artículo 129 de la Constitución Nacional. Amerio enfatizó que esta medida permite reanudar un proceso de traspaso que ha estado postergado, interconectándolo con fallos anteriores de la Corte Suprema que han reconocido mayores atribuciones al Tribunal Superior de Justicia porteño.

En cuanto al funcionamiento del nuevo fuero laboral en CABA, este estará inicialmente compuesto por diez juzgados de Primera Instancia y dos salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, manejando casos laborales entre empresas y trabajadores en el ámbito de la Ciudad. Las causas que ya están en curso continuarán en la Justicia Nacional hasta su resolución definitiva, mientras que los nuevos expedientes serán tramitados en los tribunales porteños. Sin embargo, la transferencia de competencias no involucra automáticamente el traslado de jueces ni empleados, y los conflictos laborales colectivos seguirán siendo competencia federal.

Por último, el gobierno porteño tiene la intención de poner en marcha este nuevo fuero en febrero de 2027. El Consejo de la Magistratura ya ha realizado los concursos y ha enviado a la Legislatura los pliegos de los candidatos para ocupar los primeros cargos.