El Ministerio de Seguridad Nacional ha oficializado el Programa para la Detección y Bloqueo de telefonía móvil en los establecimientos penitenciarios. Esta iniciativa, formalizada mediante la resolución 806/2026 publicada en el Boletín Oficial, permitirá a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adherir al sistema federal de bloqueo de dispositivos móviles en las cárceles.

Este programa busca intensificar la lucha contra el uso ilegal de teléfonos móviles dentro de los penales, permitiendo el bloqueo del IMEI, el IMSI, y las líneas telefónicas asociadas. El objetivo es dificultar que los internos puedan coordinar actividades ilícitas desde el interior de las cárceles, incluso si logran cambiar la tarjeta SIM de sus dispositivos.

La Subsecretaría de Articulación Federal será la encargada de poner en marcha el programa en las jurisdicciones que opten por sumarse. Para ello, se ha aprobado un modelo de convenio que las provincias pueden solicitar para acceder al sistema nacional.

El Ministerio de Seguridad actuará como ventanilla única para gestionar las solicitudes de bloqueo dirigidas a las compañías de telefonía móvil. Esta implementación ya había sido anticipada en la resolución 734/2026 del 13 de agosto, la cual explicaba el procedimiento de entrega de información sobre dispositivos detectados en cárceles a las operadoras, quienes deberán realizar el bloqueo correspondiente.

El procedimiento del programa está fundamentado en normativas existentes como la Ley 24.660, que prohíbe el uso de teléfonos móviles en los penales. El nuevo sistema no solo se limita a las cárceles federales, sino que también busca extender estas medidas a los establecimientos provinciales.

El bloqueo se lleva a cabo mediante la identificación de los códigos IMEI e IMSI de los dispositivos que se activen dentro de las áreas restringidas. Una vez detectados, estos códigos se reportan a las operadoras, que están obligadas a inhabilitar tanto la línea como el equipo correspondiente.

El manual técnico que acompaña la resolución detalla los roles de cada actor involucrado: el ministerio provincial competente en materia penitenciaria debe identificar y reportar los dispositivos en zonas restringidas, mientras que el Servicio Penitenciario Provincial debe monitorear los equipos de detección y notificar cualquier irregularidad. Las operadoras cuentan con un plazo de 48 horas para confirmar el bloqueo tras recibir la solicitud.

Este programa también incluye auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos y exige que la información relacionada con el bloqueo de IMEI/IMSI se maneje con estricta confidencialidad. Las provincias deberán cargar diariamente en un servidor habilitado por el ministerio los archivos con los identificadores detectados, organizados por operadora.

Con este avance, el Gobierno argentino busca reforzar la seguridad en las cárceles y evitar la comunicación de los internos con el exterior para la planificación de actos ilícitos.