El director nacional del PAMI, Esteban Leguizamo, ha sido imputado y llamado a declarar en un caso que investiga su desobediencia a una orden judicial relacionada con la restitución de medicamentos para jubilados. Este proceso es una respuesta a las numerosas quejas presentadas por el Defensor del Pueblo y varias organizaciones, que señalaron que la obra social no ha cumplido con la cobertura del programa Vivir Mejor, que garantizaba el 100% de los medicamentos.

En una reunión de la Comisión Permanente de Personas Mayores de la Cámara de Diputados, Sebastián Baltanaz, Defensor del Pueblo de Villa La Angostura, expuso la complicada situación de un jubilado diagnosticado con cáncer de pulmón, quien no pudo acceder a su tratamiento por la negativa del PAMI. “Por cada caso que llega a la Defensoría, hay decenas que no lo hacen y en algunos diagnósticos el tiempo no se recupera”, afirmó Baltanaz, subrayando la urgencia de la situación.

La situación se agrava dado que, según datos oficiales, 2,2 millones de afiliados del PAMI han quedado sin cobertura de medicamentos, afectando particularmente a 1,6 millones que los consumían regularmente. Esta problemática ha llevado a múltiples apelaciones por parte de las autoridades, que han esquivado la orden judicial de restitución desde hace más de un año.

Además, se han presentado denuncias penales contra el exdirector de PAMI en Córdoba y Leguizamo, quienes enfrentan acusaciones de desobediencia, actos discriminatorios y abuso de autoridad. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ha calificado la situación como gravísima ya que muestra una negativa a cumplir con las resoluciones judiciales, comprometiendo así la salud de jubilados y pensionados.

Por otra parte, Andrés Sabalette, representante de clínicas que prestan servicio a PAMI, ha advertido que la atención de 300 mil jubilados está en riesgo debido a un atraso en los pagos a prestadores, lo que ha llevado a la suspensión de intervenciones médicas. Los aumentos en los precios de medicamentos, que han llegado hasta un 900% en algunos casos, han creado una carga financiera insostenible para los jubilados, que ya enfrentan dificultades económicas con jubilaciones que ni siquiera cubren sus gastos en salud.

El panorama es desolador: muchos jubilados han de recurrir a colectas para costear tratamientos vitales, reflejando una crisis que no solo afecta a quienes están en la tercera edad, sino que también tiene repercusiones a nivel de atención médica en general.