Prohibición nacional de juguetes 'squishy dumpling' por peligrosidad química
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Prohibición nacional de juguetes 'squishy dumpling' por peligrosidad química

El Gobierno argentino prohíbe la venta de juguetes 'squishy dumpling' tras detectar sustancias nocivas. Se requieren medidas de eliminación de stock existente.

Redacción

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El Gobierno nacional ha establecido una prohibición en todo el país sobre la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de los populares juguetes blandos conocidos como ‘squishy dumpling’ o ‘squeeze toy’. La disposición fue emitida por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial ante la detectación de compuestos químicos potencialmente peligrosos que superan los límites permitidos.

Motivos de la Prohibición

La decisión se tomó después de denuncias realizadas por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), así como de antecedentes internacionales que alertaron sobre la peligrosidad de estos productos. Se mencionó un caso en el Reino Unido, donde las autoridades retiraron del mercado una partida de juguetes tras encontrar que contenían benceno, una sustancia cancerígena.

La Disposición 690/2026 señala que estos juguetes, fabricados de polímero plástico blando, podrían incluir benceno y ftalatos, compuestos conocidos por sus características cancerígenas y mutagénicas. Estas sustancias representan un riesgo para la salud al ser inhaladas o al entrar en contacto con la piel.

Acciones a Tomar

La medida no solo frena la entrada de nuevas mercaderías, sino que también exige a fabricantes, importadores y comercios que deban destruir o desechar de manera segura e inmediata cualquier stock existente de estos juguetes. Además, aquellos comercios que ofrezcan estos productos en plataformas digitales deberán informar sobre la prohibición en un plazo de 72 horas hábiles.

La intervención de la Dirección General de Aduanas ha sido ordenada para evitar nuevos ingresos en las fronteras. A pesar de la prohibición, habrá una excepción para quienes cuenten con una declaración jurada de conformidad y las certificaciones técnicas que avalen la seguridad de los juguetes.

Para los productos que no cumplan con estas medidas, se advierte que la comercialización podría generar sanciones severas según la Ley de Defensa del Consumidor, además de posibles consecuencias penales.

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