El Senado de la Nación ha dado media sanción a un proyecto de ley que busca agilizar los procesos judiciales de desalojo en casos de intrusiones, falta de pago o vencimiento de contratos. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, será debatida ahora por la Cámara de Diputados, que espera votarla antes de concluir 2026.

Cambios Principales en la Ley

Entre los cambios más destacados de la ley se incluye la posibilidad de que, tras 10 días de incumplimiento en el pago, el propietario pueda iniciar un procedimiento sumarísimo, que es más rápido que el proceso ordinario habitual. En comparación, un desalojo a través de un proceso ordinario puede tardar entre un año y medio y dos años, mientras que el nuevo procedimiento suma podría resolverse en un plazo de cuatro a seis meses.

Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, explicó que aunque este cambio no permitirá a los propietarios desalojar por su cuenta, sí facilitará que la Justicia actúe de manera más expedita.

Condiciones para los Inquilinos

Cuando se emite la intimación por falta de pago, el inquilino dispondrá de diez días para cancelar la deuda. Si no lo hace, el propietario podrá iniciar el proceso judicial de desalojo. Es importante notar que, aunque la intimación es un primer paso, el desalojo no será inmediato tras el vencimiento de este plazo.

Diferencia entre Falta de Pago y Vencimiento de Contrato

El proyecto aclara que no es necesario esperar diez días tras el vencimiento de un contrato para comenzar el juicio correspondiente; por lo que, si el contrato finaliza un día 30, el propietario puede solicitar el desalojo de inmediato el día 1 del mes siguiente. Además, se permite la entrega anticipada del inmueble bajo ciertas condiciones.

Nuevas Autoridades y Proceso Judicial

El texto también abre la puerta para que cualquier persona interesada pueda iniciar la acción judicial, sin necesidad de ser el propietario. Por otra parte, el mandamiento de lanzamiento, al finalizar el proceso, podrá incluir el uso de la fuerza pública para la recuperación de la propiedad.

Con estos cambios, la ley busca equilibrar los derechos de propietarios e inquilinos, adaptando los procedimientos a la urgencia de las situaciones actuales.