El consultor argentino Fernando Cerimedo, quien se encuentra detenido en Santa Cruz y está siendo investigado por un posible enriquecimiento ilícito, ha declarado ante la Justicia boliviana que sus ingresos aproximados son de un millón de dólares mensuales desde 2025. Aseguró que estos ingresos provienen de empresas de comunicación y marketing digital establecidas fuera de Bolivia.

Detalles de la declaración

Durante su comparecencia ante la Fiscalía, Cerimedo admitió haber colaborado con el actual presidente boliviano, Rodrigo Paz, durante la campaña electoral de 2025. Sin embargo, enfatizó que no existe un acuerdo escrito y que no recibió financiación directa de empresas. En su defensa, argumentó que su trabajo se limitó a asesorar en comunicación digital sin recibir instrucciones directas del presidente.

Relación con Rodrigo Paz

Cerimedo confirmó que su relación con Rodrigo Paz comenzó antes de las elecciones y que se mantuvo como su principal contacto en Bolivia. Esto contradice una reciente afirmación de Paz, quien publicó un video negando cualquier tipo de autorización o relación laboral con Cerimedo. Según el consultor, su aporte se centró en el asesoramiento sobre estrategias digitales durante la campaña.

Investigación en curso

La declaración de Cerimedo se enmarca en una investigación por enriquecimiento ilícito, la cual se complementa con otro expediente donde enfrenta cargos por el presunto intento de femicidio de su pareja, Nadia Beller. Las autoridades han indicado que después de su declaración, planean avanzar con la imputación por enriquecimiento ilícito y solicitar su detención preventiva. Además, existe la posibilidad de que sea trasladado a un penal de máxima seguridad.

La investigación se inició tras una serie de allanamientos que revelaron un incremento desproporcionado de su patrimonio en 2025 y 2026, así como transacciones sospechosas en una casa de cambios en La Paz. Cerimedo también enfrenta acusaciones adicionales de violencia familiar y doméstica.

La defensa del consultor ha cuestionado la validez de los procedimientos y ha manifestado que se llevarán a cabo acciones legales ante organismos internacionales, argumentando que el proceso tiene como objetivo desestabilizar el gobierno de Rodrigo Paz.