La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha añadido al presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y a uno de sus abogados, Abdoulaye Seye, a una lista de individuos sancionados. Esta decisión, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, forma parte de una campaña para “desmantelar” la corte, considerada por la administración como una amenaza a la soberanía nacional.

Las sanciones congelan los activos que Akane y Seye puedan tener en Estados Unidos y limitan a las entidades con sede en el país la realización de transacciones con ellos, medida que comenzará a aplicarse a partir del 17 de septiembre.

Desde el inicio de estas acciones, Estados Unidos ha sancionado a más de una docena de jueces y fiscales de la CPI, lo que ha llevado a instituciones financieras a excluirlos de gran parte del sistema bancario internacional. Además, también se han impuesto restricciones financieras a grupos de derechos humanos y figuras como la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, por su cooperación con la CPI.

La CPI ha criticado abiertamente los intentos de la administración Trump, afirmando que amenazan la independencia judicial. “Cuando los actores judiciales son amenazados por aplicar la ley, es el orden jurídico internacional el que se pone en riesgo”, declaró la corte.

A pesar de las reiteradas protestas de la administración Trump por las investigaciones de la CPI que abarcan acciones de Estados Unidos e Israel, la corte defiende su autoridad para investigar crímenes graves, incluyendo genocidio y crímenes de guerra.

En este contexto, varias naciones como Chad y Venezuela han anunciado planes para retirarse de la CPI, un movimiento que críticos asocian con la influencia de Estados Unidos. Rubio ha dejado claro que, en su opinión, la CPI es un “tribunal supranacional corrupto y fatídicamente politizado” y ha amenazado con más medidas punitivas en el futuro.