El Gobierno argentino ha lanzado una nueva estrategia para endurecer las sanciones a las empresas y personas que lleven a cabo actividades de exploración y explotación de recursos en las Islas Malvinas, sin la necesaria autorización del país. Este plan, anunciado por el presidente Javier Milei, incluye la firma del Decreto 868/2026 y la presentación de un proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca modificar la vigente Ley 26.659, que regula desde 2011 estas actividades.

Cambios propuestos en la Ley 26.659

La legislación actual establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina debe contar con autorización de las autoridades competentes. Aunque no menciona específicamente a las Malvinas, la norma fue promulgada en respuesta a las actividades hidrocarburíferas en áreas disputadas. Entre las prohibiciones se incluyen no solo realizar actividades sin autorización, sino también participar en empresas que estén involucradas en estas prácticas.

El Decreto 868/2026 modifica el procedimiento administrativo, trasladando la aplicación de la ley a la Cancillería. Se establece que todos los organismos públicos deben informar cualquier actividad que pueda constituir una infracción de esta ley.

Nuevas sanciones y penalizaciones

Las sanciones existentes oscilan entre 5 y 20 años de inhabilitación para quienes violen las prohibiciones. Además, la normativa permite el decomiso de equipos y productos extraídos ilegalmente. La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional buscará extender las sanciones a proveedores, accionistas y directores de las empresas implicadas, así como incluir nuevas restricciones para operar en el sector privado en Argentina.

El Gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para reafirmar la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, en concordancia con la disposición transitoria primera de la Constitución y las resoluciones de la ONU que llaman a mantener el statu quo mientras se negocia la soberanía.

Controversia internacional

El anuncio del Gobierno no solo incide en las reglamentaciones nacionales, sino que también se enmarca en una disputa de larga data con el Reino Unido sobre la soberanía de las islas. Se espera que el proyecto de ley sea tratado por el Congreso, donde se debatirá su implementación y las implicancias para las empresas y actividades en la región.