El Gobierno argentino ha oficializado la reglamentación de la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil a través del Decreto 875/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Esta norma, que ha comenzado a regir desde el último sábado, baja la edad de imputabilidad en el país a los 14 años.

Detalles de la reglamentación

La reglamentación proporciona claridad sobre cómo se aplicará esta nueva ley en el ámbito de la justicia nacional y federal. La ley fue sancionada por el Senado en febrero de este año y estipuló su entrada en vigencia a los 180 días de su promulgación el 9 de marzo.

Entre las principales disposiciones, el decreto establece quiénes serán los responsables de supervisar la implementación del régimen, así como los organismos que coordinarán su aplicación. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia, que tendrá la responsabilidad de implementar y coordinar el régimen penal juvenil en el ámbito nacional.

Creación de registros y comités

Un aspecto significativo de esta reglamentación es la creación del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Este registro estará conformado por un grupo de profesionales especializados que se encargarán del seguimiento y la asistencia de los adolescentes bajo esta nueva normativa. Los profesionales que deseen inscribirse deberán tener formación en áreas como educación, psicología, y trabajo social, además de cumplir con experiencia y capacitaciones específicas.

Asimismo, se ha establecido un Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, el cual funcionará bajo el Ministerio de Justicia y servirá como un espacio de articulación para la implementación de la ley. Este comité coordinará entre diferentes ministerios y otras entidades relevantes.

Asistencia a las víctimas

La reglamentación también aborda la asistencia a las víctimas, indicando que se deben establecer equipos interdisciplinarios y mecanismos para garantizar patrocinio jurídico gratuito. Además, se regula la comunicación al Registro Nacional de Reincidencia, indicando que cualquier pena impuesta a un adolescente será informada a dicho organismo.

Finalmente, el Gobierno subraya la necesidad de una coordinación interinstitucional que involucre sistemas de salud, educación y protección de derechos para asegurar el éxito de este nuevo régimen penal juvenil.