La propuesta de reforma del capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se vinculaba a la Ley de Tierras, fue retirada en el Senado debido a la fuerte presión de la oposición. La iniciativa, cuyo objetivo era flexibilizar el actual régimen y crear un entorno más atractivo para la inversión, no consiguió el apoyo político necesario y fue excluida del debate legislativo.

Desarrollo del Proyecto

Este acontecimiento tuvo lugar tras una reunión en la que participaban aliados del bloque que lidera Patricia Bullrich, quien había estado al frente de las negociaciones en la Cámara alta. A raíz de esta decisión, el resto del proyecto se discutirá en una sesión programada para el jueves a las 14 horas, después del cuarto intermedio del mes pasado.

Deserciones y Cambios

La caída del apartado relativo a las tierras rurales se dio en medio de una serie de deserciones que comenzaron el día anterior y se intensificaron rápidamente. Mientras Bullrich proponía diversas modificaciones que iban desde la liberalización total hasta aumentar el límite de tierras en manos extranjeras del 15% al 25%, varios senadores, que inicialmente apoyaban la propuesta, comenzaron a distanciarse.

Al menos cuatro senadores clave manifestaron dudas sobre su respaldo. Además, este miércoles se produjeron rechazos explícitos de gobernadores como Osvaldo Jaldo de Tucumán y Rolando Figueroa de Neuquén, quienes hasta entonces mantenían cercanía con el Gobierno.

Incluso dentro del PRO se dieron quiebras, con una banca que se separó de la postura oficial ante la falta de consenso. Este desencuentro generó un clima de desorden interno que hizo imposible la aprobación de la modificación.

Objetivos Frustrados

El texto que se retiró buscaba modificar normas relacionadas con tierras rurales, permitiendo la compra por ciudadanos extranjeros y propiciando un clima propicio para atraer inversiones en el país. Sin embargo, mantenía restricciones claras para la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros.

Entre los cambios relevantes de la reforma, se proponía incrementar el límite de tierras en manos extranjeras del 15% al 25% por provincia. Además, se establecía la obligatoriedad de registrar todas las transacciones en los registros inmobiliarios provinciales, indicando la nacionalidad de los compradores. Estas modificaciones hubieran facilitado la entrada de capitales y creado nuevas oportunidades de desarrollo productivo en diversas regiones del país, pero la oposición logró bloquear este objetivo.