El Senado de Argentina aprobó en la madrugada del viernes la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 37 votos a favor y 33 en contra. Esta iniciativa, impulsada por el Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, avanza ahora a la Cámara de Diputados tras la eliminación de dos capítulos que generaron fuerte resistencia.
La sesión, que se extendió por más de once horas, no registró abstenciones. El bloque oficial retiró el capítulo que facilitaba la compra de tierras rurales por extranjeros después de la oposición de varios gobernadores aliados. Asimismo, minutos antes de la votación, se decidió eliminar la reforma a la Ley de Manejo del Fuego, la cual no contaba con los votos necesarios.
Esta ley prohíbe el cambio de uso de bosques nativos o implantados, humedales y áreas protegidas afectadas por incendios durante 60 años, y 30 años en tierras agrícolas y praderas. La propuesta de reforma habría levantado estas restricciones, limitándose solamente a los bosques nativos. La senadora Edith Terenzi, presidenta de la Comisión de Ambiente, criticó este capítulo, argumentando que era regresivo y contravenía el Acuerdo de Escazú.
El texto finalmente aprobado incluye reformas relacionadas con desalojos, expropiaciones y el Registro de Propiedad Inmueble. En cuanto a los desalojos, se establece un procedimiento acelerado, la restitución temprana de un inmueble cuando el derecho reclamado parezca plausible y la notificación electrónica.
Respecto a las expropiaciones, la ley determina que el concepto de utilidad pública debe interpretarse de manera restrictiva y cumplir criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la referencia para valorar un bien será el momento previo a cualquier acción estatal que pueda alterar su precio.
La líder del bloque oficial, Patricia Bullrich, defendió la ley como una garantía para los propietarios de viviendas, negocios y campos. Por su parte, los senadores peronistas intentaron devolver el proyecto a comisión, lo cual fue rechazado con 38 votos a 31. El senador Marcelo Lewandowski destacó que se realizaron 17 modificaciones al informe de la comisión desde su firma y criticó la gestión del proceso; mientras que Martín Soria argumentó que el capítulo de expropiaciones busca encarecer futuros intentos de recuperar empresas privatizadas.
Al inicio de la sesión, la senadora Juliana Di Tullio solicitó que se recusara al legislador Joaquín Benegas Lynch, alegando que posee Glocal Terra, una empresa dedicada a la gestión agrícola y asesoría para compradores. Esta petición fue desestimada, ya que se argumentó que la Ley de Ética Pública requiere un interés directo y singular, en lugar de un beneficio compartido en todo un sector. Bullrich respaldó esta postura.
También se negó la participación remota solicitada por la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien se encuentra en avanzado estado de gestación, y por el senador radical Flavio Fama, en recuperación tras una cirugía. Ambas solicitudes fueron enviadas a la Comisión de Asuntos Constitucionales a instancias de Bullrich, aprobada por aclamación.
La sesión fue presidida por Bartolomé Abdala, dado que la Vicepresidenta Victoria Villarruel estaba actuando como jefa del ejecutivo durante el viaje de Javier Milei a Ecuador. Durante la jornada, se registraron incidentes fuera del Congreso a raíz de una manifestación en contra de la ley.
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