Luis Petri, diputado nacional de La Libertad Avanza, se pronunció en contra de la decisión de la jueza Marta Pascual, quien suspendió cautelarmente la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires por 60 días. En declaraciones a Infobae, Petri refutó los argumentos de la justicia, afirmando: “Es falso lo que dice la jueza y es falso que el Estado no esté en condiciones para cumplir con la ley”.

Capacidad del Estado para Implementar el Régimen

El legislador destacó que existen establecimientos diferenciados y recursos suficientes para aplicar la normativa. Además, subrayó que las provincias no comienzan desde cero, ya que bajo el régimen anterior existían estructuras destinadas a adolescentes que cometieron delitos. Si bien admitió que estas instalaciones requieren mejoras, negó que falte capacidad instalada para llevar a cabo el nuevo régimen.

Plazos y Presupuesto

Petri también justificó el plazo de 180 días entre la publicación de la ley y su aplicación, explicando que algunas provincias están más preparadas que otras en términos de infraestructura. Con respecto al presupuesto asignado para implementar el Régimen Penal Juvenil, que asciende a $23.739 millones, el diputado confirmó que los recursos del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación están disponibles, aunque no precisó cuánto de ese monto se ha ejecutado.

Justicia Especializada y Alternativas a la Prisión

En su defensa del nuevo régimen, Petri enfatizó que no todo debe centrarse en la edad de imputabilidad, resaltando la creación de una justicia especializada y la propuesta de sanciones alternativas a la prisión, afirmando que esta última debe ser “la última ratio” en casos de delitos graves y violentos.

Además, sugirió que la intervención estatal debería anticiparse a la posible delincuencia, indicando que es crucial actuar cuando un adolescente comienza a desertar escolarmente.

Infraestructura Provincial

Finalmente, Petri insistió en que las diferencias de infraestructura entre provincias no deberían obstaculizar la implementación de una ley nacional. Aseguró que cualquier jurisdicción que no haya completado las adecuaciones necesarias no debe convertirse en un impedimento para que el resto del país ejecute esta nueva normativa.