Manuel Adorni, exjefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, sigue disfrutando de privilegios estatales a pesar de haber renunciado a su cargo a fines de junio. Según informes recientes, Adorni mantiene la custodia de Gendarmería Nacional en su residencia en el barrio privado Indio Cuá, Exaltación de la Cruz, lo que ha suscitado controversia sobre el uso de recursos públicos.

Custodia y polémica

Imágenes difundidas por el canal A24 mostraron vehículos de Gendarmería patrullando los accesos de este country, lo que ha generado cuestionamientos sobre la necesidad de mantener una seguridad estatal para alguien que no ocupa un cargo público. Ni la autorización de este operativo ni su justificación han sido esclarecidas por el Gobierno.

El country, donde Adorni reside junto a su familia, dispone ya de un sistema de seguridad privado, incluyendo cámaras y drones, lo que hace aún más cuestionable la presencia de fuerzas federales adicionales. Vecinos del lugar han expresado su descontento, incluso manifestándose a través de pintadas en las cercanías del complejo.

Ampliación de la custodia

La custodia no se limita a su hogar; según fuentes oficiales, los efectivos también acompañan a Adorni a diferentes establecimientos comerciales, lo que ha despertado rumores sobre su preocupación por posibles escraches o agresiones verbales tras su salida del Gobierno.

La situación se complica aún más en el contexto judicial que enfrenta el exjefe de Gabinete, quien está bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito y posibles inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. La Justicia ha demandado explicaciones sobre su situación financiera, lo que podría derivar en inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

Conclusiones

La controversia sigue en aumento, y las críticas hacia la custodia estatal se hacen más fuertes a medida que se cuestiona la legalidad y la necesidad de estos operativos. La incertidumbre persiste sobre quién es el responsable de autorizar esta protección y por cuánto tiempo continuará el Estado destinando recursos públicos a su resguardo.