Dos exempleadas de Julio Iglesias han presentado recientemente una nueva demanda contra el famoso cantante por presuntas agresiones sexuales y acoso, eventos que, según las denunciantes, se habrían producido en sus propiedades en las Bahamas y la República Dominicana en 2021.

La ONG Women’s Link Worldwide, que asesora a las mujeres afectadas, ha confirmado que esta nueva querella se lleva a cabo tras el archivo de la primera denuncia, donde la Audiencia Nacional de España determinó que no existía jurisdicción debido a que los incidentes no sucedieron en territorio español.

Las denunciantes han declarado haber sido sometidas a situaciones de acoso y a condiciones laborales degradantes. Además, han presentado evidencias que respaldan sus acusaciones, incluyendo documentos laborales y comunicaciones que detallan las agresiones.

En enero de este año, las mujeres acudieron a la Fiscalía con relatos de agresiones, donde una de las denunciantes mencionó que se les exigía realizarse pruebas ginecológicas y exámenes médicos sin su consentimiento.

La respuesta inicial de la Fiscalía fue archivar el caso, argumentando la falta de conexión relevante con España, lo que no ha convencido a Women’s Link, quienes sostienen que la nacionalidad española de Iglesias es un vínculo suficiente para su investigación. La organización ha enfatizado la necesidad de un proceso judicial adecuado ante la gravedad de los hechos denunciados.

Las directoras de la ONG manifestaron su esperanza de que esta vez se considere la denuncia y se abran las investigaciones pertinentes, destacando que la negación por parte de Iglesias y su equipo legal no debe impedir el acceso a la justicia para las víctimas.

La nueva demanda fue presentada oficialmente ante la Audiencia Central de Primera Instancia el 3 de septiembre, buscando protección específica durante el proceso judicial. Las denunciantes han sido clasificadas como testigos protegidos desde enero, lo que subraya la seriedad del caso.

A medida que este asunto avanza, la comunidad internacional sigue atenta a las próximas decisiones judiciales y el posible impacto que puedan tener en la lucha contra la violencia de género y los derechos de las mujeres.