El fiscal federal Franco Picardi ha tomado la decisión de citar a declarar como testigo a Nadia Beller, la abogada que sobrevivió a un atentado en Bolivia y que está vinculada a una investigación sobre presuntos sobornos en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Detalles de la citación

Beller, quien fue pareja del ex asesor libertario Fernando Cerimedo, se conectará a la declaración de manera virtual y desde Bolivia, como consecuencia de su estado de salud y las medidas de seguridad requeridas. El fiscal ha solicitado la colaboración de la justicia boliviana para facilitar su declaración de forma protegida.

La decisión de convocar a Beller surge tras la difusión de informaciones periodísticas que sugieren que tiene evidencia crucial sobre el caso. Específicamente, ella afirmó tener conocimiento sobre la filtración de audios que involucran al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, en conversaciones sobre sobornos y manejos irregulares.

Contexto del caso

Cerimedo se encuentra en prisión preventiva en Bolivia, acusado de ser el supuesto autor intelectual del intento de femicidio de Beller. Además, enfrenta otra causa por enriquecimiento ilícito. La investigación apunta a una supuesta red de corrupción que permitió el desvío de fondos a droguerías y funcionarios para la venta de medicamentos de alto costo y baja frecuentación en el sistema de salud pública.

El fiscal Picardi ha enfatizado la importancia de la declaración de Beller, pues podría proporcionar información clave sobre el funcionamiento de esta presunta estructura delictiva.

Gravedad de las acusaciones

El caso involucra a varios acusados, ya procesados, y se investiga la existencia de maniobras ilícitas desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025. Las afirmaciones de Beller han saltado a la luz pública, incluyendo detalles sobre grabaciones que involucran a Cerimedo y las acciones de la ex pareja de Spagnuolo, Natalia Basil, quien supuestamente podría haber filtrado los audios.

En sus declaraciones, Beller aseguró que hay evidencia que podría exponer redes corruptas en el sector de medicamentos, afectando gravemente a un grupo vulnerable: la población con discapacidad y enfermos crónicos.