El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó a Argentina a abandonar la Corte Penal Internacional (CPI) durante una reunión en Panamá de la Coalición de las Américas contra los Cárteles. Hegseth calificó al tribunal de La Haya como una amenaza para la soberanía de las naciones, sugiriendo que los países miembros de la coalición deberían retirar su apoyo al organismo.

Contexto del pedido

Este reclamo surge en un momento en que Estados Unidos critica abiertamente a la CPI, la cual fue creada en 1998 para juzgar crímenes graves como genocidio y crímenes de lesa humanidad. A pesar de que Argentina adhirió al estatuto de la Corte en 2001, Hegseth enfatizó que el tribunal representa un “peligro” y que sus investigaciones podrían interferir en las operaciones antinarcóticos de EE.UU.

La Coalición de las Américas, impulsada por Trump, busca coordinar esfuerzos regionales contra el narcotráfico e incluye a países como Chile, Colombia y Perú. Durante la cumbre, además se anunció que Colombia permitirá a EE.UU. participar en operaciones militares conjuntas contra el tráfico de drogas.

Efectos en la política exterior argentina

El llamado de Hegseth añade presión a la administración de Javier Milei, quien deberá considerar cómo este pedido se alinea con su política exterior. Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI y ha tomado medidas enérgicas contra sus jueces y fiscales en el pasado, fundamentalmente por investigaciones que involucran a Israel y otros aliados. La postura de EE.UU., particularmente bajo Trump, ha generado tensiones en la relación con la CPI, afectando la cooperación internacional en temas de derechos humanos.

El contexto de este pronunciamiento se ve agravado por las recientes campañas contra el narcotráfico lanzadas por el gobierno estadounidense, las cuales han sido cuestionadas por su impacto en los derechos humanos. Hegseth defendió las operaciones militares de EE.UU., sugiriendo que estas han reducido significativamente el tráfico marítimo de drogas, a pesar de las acusaciones de violaciones de derechos humanos ligadas a dichas acciones.