Las autoridades de Taiwán han presentado cargos contra nueve personas, entre ellas empleados de Nvidia y Supermicro, por su supuesta participación en una operación ilegal de exportación de servidores de inteligencia artificial (IA) hacia China.

Detalles de la acusación

Según la fiscalía en Keelung, ocho de los acusados, que incluyen a un trabajador de la unidad de Nvidia en Taiwán y a dos empleados de Supermicro, enfrentan cargos de abuso de confianza y falsificación de documentos en relación a la exportación ilícita de estos servidores de alto rendimiento. De acuerdo con la información proporcionada, 50 de los servidores fueron transbordados a través de Indonesia, ocho enviados a Japón y el resto se exportó directamente a China. Además, se mencionó que 56 servidores fueron confiscados en la frontera taiwanesa.

Cargos adicionales y posiciones de las empresas

Tres de los acusados han sido imputados por malversación de fondos. Taiwán, un líder mundial en la producción de semiconductores, ha intensificado en los últimos años el control de las exportaciones para evitar que tecnología avanzada llegué a China. Sin embargo, actualmente no es un delito penal en Taiwán, lo que ha llevado a los fiscales a utilizar otras leyes para perseguir a los infractores.

Nvidia ha declarado que sus empleados están incentivados a cumplir con las leyes aplicables y que colaborará con las autoridades de Taiwán para resolver las acusaciones de manera expedita. Por su parte, Supermicro afirmó que su cooperación con las autoridades contribuyó a las detenciones de las personas involucradas y enfatizó que no es objeto de la investigación ni ha sido acusada de ningún delito.

Consecuencias potenciales

Los fiscales buscan penas de hasta cinco años de prisión para siete de los acusados, argumentando que su codicia por obtener ganancias exorbitantes los llevó a involucrarse en la exportación ilegal. Se prevé que las consecuencias de este caso no solo aumenten los costos de cumplimiento de las empresas, sino que también dañen la imagen internacional de Taiwán.

Los fiscales han indicado que buscan sentencias más suaves para los dos acusados que han confesado y colaborado con la investigación. Este caso resalta la creciente tensión en torno a la exportación de tecnología avanzada en un contexto de controles más estrictos en la isla, que busca mantener su propiedad intelectual frente a las reclamaciones de China.