TikTok ha llegado a un acuerdo de $400 millones con el Departamento de Justicia de EE. UU. para resolver un litigio presentado en 2024, que alegaba violaciones de las leyes federales de privacidad infantil. Según comunicó el Departamento de Justicia (DOJ) el viernes, TikTok pagará $300 millones de manera inmediata y $100 millones adicionales una vez que se anule un decreto de consentimiento previo contra su empresa matriz, Musical.ly.

El Fiscal General Asociado de EE. UU., Stanley E. Woodward Jr., calificó el acuerdo como “una victoria importante para los niños y padres estadounidenses”, subrayando que la prioridad del departamento es garantizar la protección de los menores en línea. “Esta resolución asegura una recuperación sustancial mientras refuerza las protecciones que las familias esperan y merecen”, agregó Woodward.

Desde la demanda del DOJ en 2024, TikTok ha experimentado cambios significativos en la estructura de propiedad de su filial en EE. UU. En enero, la plataforma firmó acuerdos con grandes inversores como Oracle y Silver Lake, así como con la firma de inversión emiratí MGX, para establecer una nueva empresa conjunta llamada TikTok U.S.

Este litigio reciente se centró en las alegaciones de que TikTok y su empresa matriz, ByteDance, infringieron una ley federal que exige a las aplicaciones y sitios web dirigidos a niños obtener el consentimiento parental antes de recopilar información personal de menores de 13 años. También se les acusa de no haber cumplido con las solicitudes de los padres que buscaban eliminar las cuentas de sus hijos, así como de no eliminar cuentas a pesar de ser conscientes de que pertenecían a niños menores de edad.

El acuerdo se produce en un contexto donde las empresas de redes sociales enfrentan un incremento de demandas relacionadas con la seguridad y privacidad de los menores, mientras que un número creciente de países prohíben el acceso a estas plataformas a niños y adolescentes. Actualmente, Meta Platforms, la empresa matriz de Instagram, enfrenta un juicio en un tribunal federal en Oakland, California, por violaciones a la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea de 1998 (COPPA) y diversas leyes estatales.