El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha declarado la emergencia en la comercialización y reparación de celulares usados, mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Esta medida, que tendrá vigencia por 90 días, busca desarticular las redes criminales involucradas en la reventa de equipos robados en la ciudad.

Medidas extraordinarias

El decreto establece un esquema de control que incluye fiscalizaciones extraordinarias y la suspensión de nuevas habilitaciones para comercios del rubro. Además, se creará un registro de trazabilidad para que los locales acrediten el origen legítimo de cada teléfono, componente o repuesto que manejen.

El robo de teléfonos y su comercialización ilegal se ha convertido en un problema significativo en Buenos Aires, donde muchos equipos sustraídos son vendidos en partes, complicando su identificación y recuperación. En este contexto, Macri enfatizó: “Se terminó la mafia de los celulares robados”. El alcalde dejó claro que quienes compran celulares robados para desarmarlos y venderlos no son comerciantes, sino delincuentes.

Áreas de intervención

Se han identificado cuatro zonas de alta criticidad: Retiro–Microcentro, Balvanera–Once, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo. En estas áreas, se suspenderá la autorización de nuevos locales del sector, y los existentes deberán comprobar la legalidad de los equipos en su poder durante la vigencia de la emergencia.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Seguridad llevarán a cabo operativos coordinados en los comercios más problemáticos, y la AGC tendrá la autoridad para clausurar de inmediato aquellos locales que no puedan demostrar el origen legítimo de los equipos.

Compromiso con la seguridad

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, añadió en sus redes sociales que con esta emergencia se “se termina el negocio del robo y reventa”. La medida forma parte de una serie de acciones de ordenamiento urbano y seguridad que el gobierno de Macri ha estado implementando desde diciembre de 2023, que incluyen desalojos de vendedores ambulantes y controles en el límite de la ciudad y centros de transporte.

Con estas acciones, el gobierno busca reducir la incidencia del delito y mejorar la seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esperando que la declaración de emergencia brinde resultados concretos en la lucha contra el robo y la reventa de celulares.