El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, anunció una nueva medida que facilita la obtención de créditos en dólares para empresas no exportadoras. Este cambio, formalizado a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 736/2026, busca estimular la reactivación económica y canalizar recursos ociosos del sistema financiero hacia la inversión productiva.

Modificaciones Clave del DNU

La norma modifica el artículo 23 del anterior Decreto 905/02, ampliando las posibilidades de uso de los fondos en moneda extranjera. La iniciativa se dirige a movilizar ahorros en dólares, atendiendo así la falta de financiamiento que ha afectado a diversas empresas en Argentina.

El Banco Central será el encargado de reglamentar las nuevas condiciones crediticias, lo que permitirá utilizar depósitos en dólares tanto en cuentas a la vista como en depósitos a plazo. Sin embargo, queda estipulado que estos fondos deberán ser destinados exclusivamente a financiar a prestatarios con ingresos derivados de comercio exterior y actividades afines.

Contexto Económico

La decisión de flexibilizar el acceso a créditos en dólares se basa en un diagnóstico presentado por el Gobierno que resalta el lento crecimiento de la economía argentina en los últimos cien años, acentuado en las últimas dos décadas. La situación económica se tornó crítica en diciembre de 2023, y el Gobierno prevé que esta medida ayude a mitigar los efectos negativos.

Según datos proporcionados, la pobreza ha aumentado del 26,9% en 2006 al 41,7% en 2023, mientras que la indigencia también se ha incrementado. La falta de inversión y el estancamiento del Producto Bruto Interno (PBI) son señales de la necesidad de impulsar la economía.

Reservas y Financiamiento

El DNU también menciona la importancia del Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional, que ha fortalecido las reservas internacionales del Banco Central. Durante los primeros siete meses de 2026, se realizaron compras de divisas que superaron las expectativas, alcanzando los 13.300 millones de dólares, frente a un objetivo de 10.000 millones para el año completo.

Así, el Gobierno busca que una mayor proporción de los recursos ociosos en dólares pueda ser convertida en financiamiento para empresas, marcando un paso significativo en la estrategia económica del país.