En la ciudad de Buenos Aires, uno de cada tres hogares, es decir, entre 425.000 y 500.000 residencias, se encuentra bajo un régimen de alquiler. Esto implica que más de un millón de personas dependen de este tipo de vivienda, lo que amplifica la preocupación social respecto a la reciente modificación de la Ley de Inviolabilidad Privada, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados.

Según informes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la Encuesta Anual de Hogares (EAH) correspondientes al cuarto trimestre de 2025, el porcentaje de inquilinos se sitúa entre el 33,8% y el 36,2%. Maximiliano Vittar, abogado y titular de Inquilinos Agrupados, advierte sobre la controversia que podría surgir sobre los desalojos. “Antes, solo el propietario podía iniciar el procedimiento; ahora, cualquier persona con un interés legítimo puede hacerlo”, explica.

Este cambio legislativo propone equiparar situaciones muy distintas, lo que ha generado un amplio debate acerca de los derechos de los inquilinos y el acceso a una vivienda digna. La sociedad civil ha logrado la eliminación de dos capítulos de la ley, pero la atención ahora se dirige hacia la temática de desalojo exprés. Vittar considera preocupante que los inquilinos, aunque tengan un contrato vencido, sean tratados de la misma forma que aquellos que deben más de un año, lo que plantea serias dudas sobre la justicia del procedimiento.

El abogado menciona que los inquilinos enfrentan un contexto de creciente morosidad, donde el alquiler se ha convertido en la primera preocupación de los hogares. “No hemos encontrado defensores de este proyecto; el aumento de la morosidad y la falta de oferta de alquileres son preocupantes”, añade. Además, subraya la indefensión de los inquilinos ante el incremento constante de los costos del alquiler y las expensas, que en muchos casos requieren más de un salario para poder ser cubiertas.