En los últimos días, la atención se ha centrado en el fondo fiduciario del Sistema Vial Integrado (SisVial). Este fondo, que se nutre de un impuesto a los combustibles líquidos, ha generado una denuncia contra el ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, por presuntamente no destinar sus recursos al arreglo de rutas, sino que se utilizarían para financiar el Tesoro.

A pesar de la promesa del presidente electo Javier Milei de eliminar estos fondos en 2024, actualmente hay 27 fondos fiduciarios que siguen en operación y que, según la oposición, son utilizados de forma discrecional por el Ministerio de Economía. Estos fondos, que están destinados a proyectos específicos como la reparación de rutas o subsidios a tarifas de gas, están siendo administrados bajo la supervisión del Palacio de Hacienda.

Un aspecto preocupante es el reciente decreto N° 215/2024, que designó al Ministerio de Economía como fiduciante de todos los fondos fiduciarios, lo que ha provocado alertas sobre la concentración de poder. Entre estos fondos se encuentra el FAMP, que había manejado hasta 150 millones de dólares pero cuya financiación ha sido reducida a cero por el gobierno actual.

El Instituto Consenso Federal advierte que el gobierno acumula más de 3.000 millones de dólares en fondos fiduciarios, con proyecciones que podrían elevar esta cifra a 4.000 millones de dólares para finales de 2026. La denuncia revela que, al 31 de mayo de 2026, el SisVial retiene un monto significativo en inversiones financieras, en lugar de utilizar sus recursos para obras viales.

En total, se estima que solo se ha aplicado el 26,2% de los fondos recaudados a su destino específico, lo que representa una subejecución del 73,8%. Estos datos han sido solicitados a la justicia para investigación, debido a la falta de transparencia en el manejo de estos recursos públicos.