El ex juez federal y presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, Carlos Rozanski, se ha manifestado en contra de la baja de la edad de imputabilidad en Argentina. En una entrevista reciente con Horacio Embón en Radio Brisas, Rozanski argumentó que el enfoque del sistema judicial hacia los menores que cometen delitos no debería centrarse en el encarcelamiento, sino en establecer mecanismos de contención y protección.

Rozanski enfatizó que el debate en torno a esta cuestión no debe limitarse a cambios legislativos o a la construcción de más centros de detención. En su opinión, el país está atravesando un proceso de deterioro social que afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. Por ello, propuso que es fundamental comprender este contexto y desarrollar estrategias que contengan a niños y adolescentes, al tiempo que se protege a la sociedad.

Uno de sus argumentos principales se dirigió a la percepción de que las leyes actuales son insuficientes para tratar los delitos cometidos por menores. Según Rozanski, Argentina cuenta con un robusto marco legal en materia de derechos humanos, que incluye la Constitución Nacional y tratados internacionales que protegen a la infancia.

El ex juez declaró que el verdadero problema radica en la separación entre lo que las normas establecen y las respuestas prácticas que se ofrecen. “En materia de derechos humanos, son de las mejores leyes del mundo”, subrayó, sugiriendo que el país tiene las herramientas necesarias para abordar las diversas situaciones que enfrentan los jóvenes.

Rozanski fue enfático al criticar la idea de imponer responsabilidades penales a menores de 14 años. Recordó que, según las convenciones internacionales, un niño de esa edad debería ser considerado un niño, independientemente de los delitos que haya cometido. La propuesta de aplicar penas similares a las de los adultos a adolescentes de 14 años fue calificada por él como “una aberración indefendible”.

El ex magistrado concluyó que es esencial reconocer que los niños y adolescentes son un grupo vulnerable que necesita un tratamiento y una protección diferenciados, lo que debería ser discutido desde una perspectiva más integral que la simple lógica del castigo.