Una denuncia judicial por presunto abuso sexual agravado ha recayó sobre Omar Ludueña, un empleado de planta permanente de la Legislatura de Córdoba vinculado con la bancada de la Unión Cívica Radical. La acusación fue presentada por una familiar del acusado y ha adquirido notoriedad tras la difusión de un escrito en plataformas digitales.

La legisladora provincial Alejandra Ferrero ha solicitado formalmente la inmediata separación de Ludueña de sus funciones dentro del bloque. Este pedido fue respaldado por una orden judicial que impone al acusado una restricción perimetral respecto a la denunciante.

Ludueña, quien ha trabajado en el ámbito público desde su ingreso en 2011, está acusado de haber perpetrado agresiones sexuales desde que la víctima tenía 3 años, continuando hasta que cumplió 14 años. La denunciante ha reafirmado estos hechos en declaraciones a Política Córdoba Verdad, donde expuso los detalles del caso.

A raíz de la difusión del expediente, se reportó que el acusado intentó comunicarse directamente con la víctima, lo que activó medidas cautelares de protección. Esta conexión institucional de Ludueña con el Poder Legislativo ha llevado a una serie de reacciones administrativasy el bloque legislativo ha anticipado su decisión de desvincular al asesor.

Es relevante destacar que Ludueña fue nombrado en su posición actual durante el mandato del exdiputado Rodrigo De Loredo, aunque la denuncia no involucra a estos referentes políticos. Sin embargo, su cercanía con miembros de la UCR, evidenciada a través de sus redes sociales, ha contribuido a la visibilidad del caso.

Las autoridades judiciales han ordenado la recolección de pruebas para esclarecer la responsabilidad penal en este proceso. Actualmente, el caso se encuentra en una fase preliminar de investigación, respetando el principio constitucional de inocencia, mientras se espera la recepción de más testimonios e informes periciales. El tribunal evaluará adecuadamente todas las pruebas para determinar las futuras resoluciones en relación con la gravedad de los delitos denunciados.