En el marco del noveno juicio por delitos de lesa humanidad, se dictaron dos penas de prisión perpetua y dos absoluciones, tras un extenso proceso judicial que duró cinco meses. Los jueces Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Ernesto Sebastián tuvieron diferencias significativas en su veredicto, resultando en decisiones mayoritarias sobre algunos de los imputados, todos relacionados con la Inteligencia del Ejército.

Los oficiales Jorge Di Pasquale y Sergio San Martín fueron condenados a prisión perpetua por su responsabilidad en la desaparición forzada de Leticia Veraldi y Juan Raúl Pichulmán, así como por torturas a más de 15 personas. En contraste, otros tres acusados, César Renes y Carlos Carreto de Inteligencia del Ejército y Emilio Sachitella de Gendarmería, recibieron penas de cuatro y cinco años de prisión.

La sala de audiencias estuvo colmada de público, incluyendo organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas. El juez Cabral explicó que las condenas se fundamentaron en el derecho a la verdad, especialmente en el caso de Miguel Cil, quien se quitó la vida antes de ser juzgado y fue absuelto debido a la falta de pruebas de su implicación en los hechos.

El tribunal también decidió no proceder con la detención inmediata de los condenados, dado que las penas aún no son firmes. Este juicio ha marcado un capítulo más en la lucha por justicia en Argentina, con un énfasis en la memoria y el reconocimiento de las víctimas de la dictadura.