La Corte Suprema de Justicia tomará una decisión clave sobre un conflicto judicial que involucra a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y a su tesorero, Pablo Toviggino. Esta disputa de competencia, que ha durado ocho meses, se centra en investigaciones por supuestas maniobras de lavado de dinero y defraudación.

Contexto de la disputa

Las causas se han tramitado en diferentes fueros, incluyendo la Justicia porteña, Federal, Penal Económica y de Campana. Un punto crítico es la intención de concentrar las investigaciones en el Juzgado Federal de Campana, conducido por el juez Adrián González Charvay. La Cámara Federal de Casación ha decidido que una causa relacionada con la “quinta de Pilar” se remita a este juzgado, una decisión que podría ser revisada por la Corte.

La investigación se centra en un terreno de cinco hectáreas, valorado en aproximadamente 25 millones de dólares, que se presume fue adquirido por la empresa Real Central. Durante un allanamiento, se encontraron 45 vehículos de lujo y otros elementos de valor, y se está analizando si las compras fueron posibles mediante operaciones de lavado de activos.

Denuncias adicionales

Además, existe otra causa de gran relevancia, iniciada por el empresario Guillermo Toffoni, por un presunto desvío de 42 millones de dólares asociada a contratos de la Selección Argentina y otras operaciones internacionales. Estos fondos, según las acusaciones, habrían sido gestionados a través de sociedades en Miami, y la causa está actualmente a cargo del procurador general Eduardo Casal.

Futuras actuaciones

La Corte deberá definir si las investigaciones continuarán en Campana o en otra jurisdicción, considerando el lugar donde se llevaron a cabo las operaciones. Si se determina que los hechos ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires, algunos expedientes podrían permanecer en la Justicia porteña bajo la juez Paula Petazzi.

Mientras tanto, otra investigación sobre lavado de activos vinculada a la AFA se ha trasladado a la Justicia Federal porteña, donde la juez María Servini tiene bajo su ala el caso. La decisión de la Corte Suprema será crucial no solo para ordenar el panorama judicial sino también para establecer las competencias relativas a estas múltiples causas.