El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ha aprobado un nuevo reglamento que establece las pautas para el uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Este reglamento tiene carácter obligatorio y afecta a todos los funcionarios y personal que laboran en el organismo.

Objetivos del reglamento

El propósito central de esta normativa es regular la utilización de tecnologías emergentes, estableciendo prohibiciones claras y exigiendo estándares de capacitación, seguridad y supervisión humana.

Implicaciones para el secreto fiscal

El reglamento incluye consideraciones específicas sobre cómo se debe manejar la información reservada en contextos fiscales. Según el consultor tributario Julián Ruiz, el documento prohíbe que se cargue en herramientas de IA de acceso público cualquier “información reservada o de actuaciones de causas en trámite, datos personales y/o sensibles”, lo que incluye directamente la información sujeta a secreto fiscal.

Entre las disposiciones importantes del reglamento se encuentran:

• Prohibición de ingresar datos sensibles: Se refuerza la prohibición de cargar “datos de causas en trámite” en herramientas públicas y de cualquier metadato que permita la reidentificación.
• Responsabilidad penal diferenciada: La filtración del secreto fiscal a modelos de IA públicos podría no solo ser considerada una infracción administrativa, sino también configurar un delito penal bajo el artículo 157 del Código Penal para el funcionario que incurra en esta práctica.
• Cadena de custodia del dato: Cuando un fiscal reciba información clasificada bajo secreto fiscal para una causa, cualquier IA institucional que la procese deberá garantizar una trazabilidad reforzada, asegurando la auditabilidad del documento.

Consecuencias prácticas

Ruiz advierte que las nuevas regulaciones pueden conducir a la nulidad de muchos casos penales tributarios, dado que las actuaciones que violen el secreto fiscal podrían ser desestimadas. Existe el riesgo de incumplimiento de estándares internacionales de información, lo que podría derivar en la caída de acuerdos con organismos como la OCDE o el IRS. Esto provocaría un aumento en las impugnaciones y la posible caída de causas penales en curso.

Así, el reglamento aprobado por el Procurador no solo busca modernizar el manejo de la IA dentro del sistema de justicia, sino también proteger la confidencialidad y los derechos de los contribuyentes en el ámbito fiscal.