La investigación sobre el escándalo del fentanilo adulterado da un nuevo giro, ya que la Justicia analiza maniobras presuntamente dirigidas a ocultar evidencias tras el brote detectado por el Hospital Italiano de La Plata. Este brote provocó la alarma de las autoridades sanitarias y reveló una posible ‘operación limpieza’ en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

Según el dictamen de la fiscal María Laura Roteta y de Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), entre el 2 y el 12 de mayo de 2025 se llevaron a cabo acciones sistemáticas para destruir pruebas. En este periodo, se habría incendiado documentación, eliminado conversaciones de chat, destruido sustancias y hasta simulado un robo en una de las plantas.

Uno de los momentos críticos se registró entre el 7 y el 9 de mayo, cuando directivos de HLB intentaron reesterilizar aproximadamente 100 ampollas de fentanilo del lote 31.202. El 13 de mayo, la empresa destruyó 4.850 gramos de citrato de fentanilo que había vencido en enero, una sustancia crucial para la investigación.

Los teléfonos secuestrados aportaron evidencias comprometedoras, incluyendo mensajes donde el jefe de Mantenimiento, Edgardo Sclafani, menciona: “Sí amor estoy quemando papeles con Diego”, evidenciando así la voluntad de ocultar información. También se detectó un “borrado masivo” de datos en los servidores de la empresa, donde Javier Tchukran, director general de HLB, presuntamente admitió que eliminó información almacenada.

Otro episodio relevante ocurrió el 11 de mayo en la planta de HLB en San Isidro, donde se denunció un vandalismo y robo, aunque los investigadores ahora sospechan que podría haber sido una táctica para justificar la eliminación de registros de producción, conocidos como ‘batch records’.

Todo esto se suscitó dentro de un contexto crítico: el 2 de mayo el Hospital Italiano reportó el brote y para el 5 de mayo, las autoridades ya conocían la gravedad del asunto, sin embargo, las inspecciones judiciales no se realizaron hasta el 12.

La situación ha llevado a la detención de exfuncionarias de ANMAT y del INAME, Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, quienes recuperaron la libertad tras pagar cauciones millonarias. Para los investigadores, la tardanza estatal permitió que los responsables del laboratorio intentaran eliminar evidencias cruciales. La Justicia actualmente busca establecer responsabilidades y determinar si hubo una intención deliberada de encubrir lo que podría ser una tragedia sanitaria.