Roberto Baratta, ex segundo de Planificación durante el gobierno kirchnerista, volvió a declarar en el juicio por el caso conocido como “Cuadernos de las coimas”. Ante el Tribunal Oral Federal 7, Baratta rechazó las acusaciones de haber recibido coimas de la empresa Techint, afirmando: “No me pagó nada, no recibí fondos ilegales”.

Declaraciones en el juicio

Las afirmaciones de Baratta contrastan con las declaraciones de dos exdirectivos de Techint, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, quienes testificaron que habrían pagado a Baratta un total de un millón de dólares en sobornos a cambio de favores políticos. Betnaza afirmó que esto se hizo para ayudar a liberar empleados de Techint en Venezuela durante un clima de hostilidad, debido a la nacionalización de la compañía por el entonces presidente Hugo Chávez.

La defensa de Baratta

En su declaración, Baratta insistió en que estos testimonios son falsedades que buscan desviar la atención hacia él, enfatizando que “a partir de sus mentiras, el único elevado a juicio soy yo, mientras que los integrantes del holding están todos sobreseídos”. Además, mencionó que su relación con Techint no tuvo ninguna coincidencia ideológica, aunque reconoció su relevancia en la economía Argentina.

Baratta también cuestionó la lógica detrás de las acusaciones y recordó que su colaboración con Techint nunca involucró sobornos. Reiteró en varias ocasiones que la situación que describieron los exdirectivos es pura “ciencia ficción” y pidió que se le permita ampliar su declaración sin aceptar preguntas de la fiscalía.

Contexto judicial

El juicio, que inició en noviembre pasado, investiga una extensa red de corrupción que involucra a varios exfuncionarios, empresarios y hasta la expresidenta Cristina Kirchner. Baratta, en su momento, fue jefe del chofer Oscar Centeno, quien escribió los cuadernos que destaparon el escándalo.

El desarrollo del caso continúa generando expectativa y controversia en la opinión pública, con Baratta asegurando que está dispuesto a presentar más evidencias para limpiar su nombre.

Esta declaración se da en un contexto complicado para el sistema judicial argentino, donde las acusaciones de corrupción han llevado a muchos a cuestionar la eficacia de la justicia.