En un reciente avance en la lucha contra la corrupción, la Justicia argentina procesó a tres empleados de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” S.A. (FAdeA) por presuntos delitos de cohecho pasivo y violación de secretos.

El Descubrimiento Clave

El caso se precipitó luego de que Marcelo Alejandro Bertorello, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos, encontrara un correo electrónico impreso del año 2020 en la sede sindical de FAdeA. Esta información desencadenó auditorías internas y, posteriormente, una investigación que llevó al secuestro de equipos informáticos, revelando un complejo esquema de corrupción vinculando a proveedores internacionales y empleados de la empresa.

Los Acusados

Los procesados son Gustavo Luis Alonso Ferrero, María Carolina Villarruel y César Augusto Francés. A estos individuos se les atribuyen múltiples cargos por cohecho pasivo, mientras que Alonso Ferrero y Villarruel también enfrentan acusaciones de violación de secretos en un contexto de corrupción organizado.

El Correo de K1 Technologies

Central a la causa es un correo del gerente de Ventas de K1 Technologies, Fernando De Souza Rossi, donde se propone explícitamente un esquema de sobornos. Este mensaje, dirigido a Alonso Ferrero, detalla una oferta de pago a cambio de información confidencial sobre las cotizaciones de otros proveedores y el ‘precio objetivo’ de las compras de FAdeA, enfatizando que las transferencias a través de Western Union “no dejan rastro”.

La investigación reveló que Alonso Ferrero recibió al menos 20 transferencias internacionales por un total de 12.000 dólares, mientras que Villarruel obtuvo 550 dólares. En el caso de César Augusto Francés, se documentaron seis transferencias por un total de 252.271 pesos relacionadas con el Laboratorio Integral Aeronáutico, otra firma proveedora implicada.

Proceso Judicial

Los ejecutivos involucrados en el pago de los sobornos no enfrentarán cargos penales debido a que alcanzaron acuerdos de reparación del daño. No obstante, el Juez Alejandro Sánchez Freytes afirmó que esto no elimina la existencia de los actos delictivos, los cuales se sustentan con la documentación recabada.

Reacción de los Acusados

Durante su indagatoria, Alonso Ferrero y Villarruel optaron por el silencio, mientras que Francés negó las acusaciones, argumentando que las compras eran legítimas dado que la empresa proveedora contaba con habilitaciones regulatorias necesarias. Sin embargo, su defensa fue considerada poco convincente por el tribunal.

Como resultado, se les impusieron embargos de diferentes magnitudes y se les prohibió la salida del país para garantizar su presencia durante el juicio que se avecina, donde se determinará su responsabilidad penal en este complejo caso de corrupción.