Un reciente fallo del juez federal Federico Calvete ha desatado una controversia en Tierra del Fuego al declarar a los conejos europeos (Oryctolagus cuniculus) como sujetos de derechos no humanos a pesar de ser considerados una especie invasora. Esta decisión enfrenta las lógicas del derecho animal y la política ambiental en Argentina.

Contexto de la Decisión

La problemática se origina en un intento del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) de erradicar a esta especie mediante el uso de gas fosfano. Los investigadores argumentaban que los conejos dañaban el ecosistema y comprometían la estructura del edificio del CADIC con sus madrigueras. Sin embargo, este plan fue suspendido tras la intervención de organizaciones proteccionistas que llevaron el caso a la Justicia.

El fallo de Calvete no solo detuvo el proyecto de eliminación, sino que también se pronunció sobre los derechos de los conejos, afirmando que, al ser seres sintientes, no pueden ser considerados como “un automóvil o un inmueble”. En sus declaraciones, el juez reconoció que las organizaciones habían probado que estos animales merecen protección judicial.

Conflicto Legal

Este fallo contrasta directamente con la Resolución 474/2020 del Ministerio de Ambiente, que catalogó a la especie como “dañina y perjudicial” para la conservación de la biodiversidad. Además, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluye a los conejos europeos entre las cien especies exóticas invasoras más perjudiciales del mundo.

Historia de la Especie

La situación de los conejos en Tierra del Fuego comenzó en 1936, cuando fueron liberadas dos parejas en la región, que rápidamente se reprodujeron, alcanzando cifras de hasta 30 millones en menos de 20 años. Esta proliferación ha llevado a efectos negativos en el ecosistema, incluyendo una competencia directa con el ganado ovino y la erosión del suelo.

En los últimos años, las madrigueras también se han convertido en un riesgo para la operación del Aeropuerto Internacional de Ushuaia, complicando aún más la gestión de esta especie invasora en el contexto local.

Con esta reciente decisión judicial, la discusión sobre la capacidad de los animales no humanos para poseer derechos en Argentina toma un nuevo rumbo, mientras que la necesidad de controlar la población de conejos europeos sigue siendo un desafío para las autoridades y organizaciones ambientales.