La Corte Penal Internacional (CPI) ha denunciado que las sanciones impuestas por Estados Unidos a dos de sus principales miembros representan una amenaza al estado de derecho. Este martes, Washington aplicó sanciones a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y al abogado senior Abdoulaye Seye, sumando así presiones sobre la institución que se ocupa de perseguir crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad.

La CPI, con sede en La Haya, emitió un comunicado en el que sostiene que “cuando actores judiciales son amenazados por aplicar la ley, se pone en riesgo el orden legal internacional”. Esta declaración se produce en el contexto de las crecientes tensiones entre el tribunal y la administración de Donald Trump, que ha criticado a la CPI por considerarla ‘politizada’.

Las sanciones impiden que estos funcionarios ingresen a EE. UU. y bloquean sus transacciones en el sistema financiero estadounidense. Esta medida se enmarca en la respuesta del gobierno estadounidense a investigaciones de la CPI que apuntan a Israel, un aliado de EE. UU. En 2024, la corte emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por la guerra en Gaza.

A pesar de estas presiones, la CPI ha afirmado que se mantiene “firmemente respaldada” por su personal y los sobrevivientes de atrocidades inimaginables, reafirmando su compromiso con su misión.