El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha dado a conocer este domingo su decisión de implementar un endurecimiento en las políticas migratorias, ordenando la detención y deportación de inmigrantes sin regularizar. Su anuncio se produce en un contexto complicado, ya que el país aún se recupera de un terremoto de magnitud 7.4 que ocurrió el 10 de agosto, el cual dejó más de 300 muertos y destruyó más de 30,000 viviendas.

En una reunión de gabinete en Barranquilla, la ciudad que ha asumido el rol de capital alterna, el mandatario declaró que las operaciones conjuntas con la policía y la autoridad migratoria deberían comenzar “esta misma semana”. “Que comiencen las operaciones coordinadas para localizar a los inmigrantes ilegales: primero, los que cometen delitos; segundo, aquellos que no han regularizado su situación y que deberán ser deportados de inmediato”, enfatizó de la Espriella.

El presidente ha adoptado un discurso similar al de su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, afirmando que en adelante será “colombianos primero, colombianos segundo y colombianos tercero”.

Su orden ha generado críticas tanto de la oposición como de activistas de derechos humanos, quienes advierten que esta medida rompe con una política migratoria que havia perdurado más de una década y que había favorecido, en particular, a los migrantes que huyen de la crisis humanitaria en Venezuela. De la Espriella mencionó que todos los grupos delictivos relacionados con el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando son considerados “terroristas” y que serán tratados en consecuencia, comprometido a “derrotarlos, ya sea por razones o por la fuerza”.

Aunque no hizo referencia directa a los venezolanos en su discurso, se estima que ellos representan aproximadamente el 90% de los migrantes en Colombia. De los 2.8 millones de venezolanos en el país, alrededor de 848,000 se encuentran en situación irregular, incluyendo a 193,000 niños y adolescentes.

La senadora de izquierda María José Pizarro Rodríguez cuestionó si el presidente estaba proponiendo un ICE colombiano contra otros latinoamericanos, y señaló que su orden de deportación es una manifestación de xenofobia. “En lugar de perseguir a quienes huyen de la pobreza y la violencia, debiéramos regularizar su estatus”, argumentó, recordando que muchos migrantes contribuyen positivamente a las economías locales.

Adicionalmente, el diario colombiano El Tiempo informó que dentro del departamento de migración existen reservas sobre la capacidad del personal para llevar a cabo las operaciones prometidas. Expertos también han señalado que, según la ley colombiana, no existe la categoría de inmigrante “ilegal”, sino de migrantes en “situación irregular”.