La Corte Penal Internacional (CPI) denunció el miércoles una nueva ronda de sanciones impuestas por Estados Unidos, que afectan directamente a su presidente, Tomoko Akane, y a un fiscal senior, Abdoulaye Seye. La CPI considera estas acciones como un “flagrante ataque” a la independencia de su institución.

En un comunicado, la CPI subrayó que “estas sanciones son un ataque directo contra la independencia de una institución judicial imparcial, que opera de acuerdo con el mandato otorgado por sus Estados Parte en diversas regiones”. La corte, establecida en 2002 bajo el Estatuto de Roma, es un organismo separado y no forma parte de la ONU, aunque el Consejo de Seguridad puede referir casos a ella.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, expresó la preocupación del Secretario General António Guterres ante estas nuevas sanciones contra la CPI, además de otros empleados de la corte. Desde que EE.UU. no es parte del Estatuto de Roma, el país ha manifestado temores de que la CPI represente una amenaza para su soberanía nacional, temiendo que ciudadanos estadounidenses puedan ser enjuiciados por delitos graves cometidos en países que sí reconocen la autoridad del tribunal.

El reciente anuncio de sanciones por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, se suma a medidas previas contra el exfiscal Karim Khan, destituido de su cargo. Informes indican que Seye ha estado involucrado en la investigación sobre financiamiento israelí para asentamientos ilegales en Cisjordania y la supuesta distribución de armas a los colonos.

En noviembre de 2024, la CPI, bajo la dirección del entonces fiscal Khan, emitió órdenes de arresto contra el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra relacionados con la guerra contra Hamas en Gaza.

Rubio, en su comunicado, refirió que “la Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y políticamente sesgado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y ha excedido su mandato”.

Estas sanciones se suman a otras previamente impuestas bajo la administración de Trump, donde se afirmaba la intención de “desmantelar” la amenaza que representa la CPI para la soberanía estadounidense.

Actualmente, nueve de los 18 jueces de la CPI, así como ambos fiscales adjuntos, el exfiscal y un miembro del personal, se encuentran impedidos de realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses y enfrentan severas restricciones en el sistema financiero global.

A pesar de las presiones, la CPI reafirmó su compromiso con su mandato, asegurando que “el orden jurídico internacional se coloca en riesgo” cuando los jueces son amenazados por aplicar la ley. “Las amenazas y las medidas coercitivas también impactan la capacidad de las víctimas para buscar justicia”, añadió la CPI, reafirmando su apoyo a su personal y a todas las víctimas de “atrocidades inimaginables”, y expresando su determinación de continuar con su labor de manera “independiente e imparcial”.