El régimen de excepción instaurado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador ha dejado un saldo trágico de al menos 554 muertes dentro de los centros penitenciarios del país, de acuerdo con el último informe de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

Informe alarmante

La ONG, que ha ofrecido asesoría legal a las familias afectadas, sostiene que el 94% de las víctimas no eran pandilleros, lo que cuestiona la narrativa oficial de que estas medidas solo impactan a criminales. Las muertes se atribuyen a la violencia institucional y a la falta de atención médica adecuada, poniendo en entredicho la eficacia y la ética del régimen.

Detenciones masivas y el contexto de impunidad

Desde su implementación en marzo de 2022, el régimen ha dado lugar a la detención de más de 92,000 personas, muchas de las cuales fueron apresadas sin un juicio justo. La SJH advierte que la cifra de muertes podría ser mucho más alta, ya que podrían estar ocultándose datos en procesos judiciales masivos.

Silencio gubernamental

A pesar de las acusaciones, el gobierno de Bukele no ha respondido públicamente a las denuncias, manteniendo un silencio que genera aún más inquietudes sobre los procedimientos y la justicia en el país.

El costo del control estatal

Este régimen, renovado en 53 ocasiones, ha supuesto la suspensión de derechos fundamentales, incluyendo el acceso a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones. Las denuncias de detenciones arbitrarias y torturas ascienden a más de 6,400, reflejando las graves violaciones a los derechos humanos que se están viviendo en El Salvador.

El periodista Óscar Martínez, exiliado por su trabajo crítico hacia el gobierno, destaca que los juicios se realizan en condiciones que vulneran los derechos de los acusados, muchos de los cuales no tienen acceso a sus expedientes ni conocen los cargos en su contra.

En medio de esta crisis, la administración de Bukele ha sido acusada de utilizar recursos públicos para crear medios de comunicación afines que promueven su imagen, mientras se ignora la naturaleza autoritaria de su gobierno.

Conclusión

El régimen de excepción continúa generando un clima de temor y desconfianza en El Salvador. La acumulación de poder en manos del presidente Bukele plantea serias preguntas sobre el futuro de la democracia y el respeto a los derechos humanos en el país.